Quito (Pichincha).- Segundo Ramón M. C., su hijo, de 13 años, y su sobrino, de 15, son procesados por su presunta participación en el asesinato de un sargento segundo de la Policía.
El agente murió tras ser atacado con un arma punzocortante que habría utilizado el adulto. De acuerdo con la teoría fiscal, los adolescentes habrían empleado cascos de motociclista para agredir físicamente a la víctima.
Por estos hechos se abrieron dos procesos: uno contra Segundo Ramón M. C. y otro contra los adolescentes. Al finalizar las audiencias de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el adulto recibió prisión preventiva, mientras que los dos menores de edad cumplen internamiento preventivo.
La Fiscal de turno explicó que la víctima, que estaba de civil, fue herida durante una riña ocurrida en una licorería. La teoría de Fiscalía se sustenta en las versiones de personas que presenciaron los hechos y en la rendida por el agente aprehensor.
Tras conocer del crimen, Fiscalía dispuso a los agentes investigadores que hagan un barrido de las cámaras de seguridad del sector de Rancho Alto, donde ocurrió el delito. Un rastro de sangre los condujo hasta una licorería.
En el piso de establecimiento también se encontraron rastros de sangre. Una mujer encargada del negocio narró a los policías lo ocurrido y señaló que Segundo Ramón M. C., su hijo y su sobrino serían los responsables de la agresión que sufrió el sargento segundo.
Según indicó la Fiscal, el primero en ser aprehendido fue el adolescente de 13 años. En el allanamiento de su inmueble, ubicado en Rancho Alto, se encontraron municiones, prendas de vestir y otros indicios que estarían relacionados con el hecho.
Los agentes se dirigieron a otro domicilio, ubicado en San Juan de Calderón, donde fue aprehendido el otro adolescente. Por su parte, Segundo Ramón M. C. se entregó voluntariamente en la Unidad de Flagrancia. Según el parte policial, el procesado habría reconocido haber golpeado al servidor policial, quien presentó once heridas, entre punzocortante y contusas.
La instrucción fiscal en ambos procesos tiene un plazo de treinta días, al tratarse de un procedimiento ordinario.
Información jurídica
El delito que se investiga es el de asesinato, tipificado en el artículo 140, numerales 2 y 10, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). (FGE)
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