La Ley Antimafias fue aprobada por la Asamblea Nacional el 9 de noviembre y quienes dieron su voto de respaldo rescatan que tiene un elemento importante del plan antipandillas de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, el cual se utilizó para contrarrestar a, por ejemplo, las Maras Salvatruchas.
¿Cuáles son estos aportes del plan Bukele a la Ley Antimafias? Sergio Peña, asambleísta independiente que vota con ADN, destaca la incorporación al Código Orgánico Integral Penal (COIP) del delito de pertenencia funcional a un grupo de delincuencia organizada.
Aunque no es igual al que funciona en El Salvador. De hecho, no fue Nayib Bukele quien empezó con esta idea, sino el entonces presidente Francisco Flores en 2003 con la Ley Antimaras, que permitió la detención de las personas por el simple hecho de integrar una pandilla. Para este fin, la fuerza pública se basaba en los tatuajes o la forma de vestir.
Lo que sí hizo Nayib Bukele es mantener este delito de pertenencia. En 2022 logró los votos en el Congreso para que sea sancionado con entre 20 y 30 años de cárcel, y con penas de hasta 45 años de cárcel para los cabecillas. Mientras que en abril de 2026 hizo reformas para que se castigue con cadena perpetua la pertenencia a las pandillas.
“En El Salvador, las Maras tienen la obligación de tatuarse. En Ecuador no todos hacen eso. Entonces tuvimos que adaptar el modelo Bukele a nuestra legislación. Con este tema de la pertenencia funcional se puede demostrar que cumples un rol operativo y circunstancial, es decir, que se repita en ciertas circunstancias ese rol para definirte como un miembro operativo del GDO”, dice Peña.
¿Qué dice la Ley Antimafias?
La Ley Antimafias contempla el delito de pertenencia funcional a un grupo de delincuencia organizada. Este indica que si una persona se vincula con un Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) y cumple una o varias tareas como “vigilancia, alerta, control de accesos, comunicación operativa, movilidad de integrantes, bienes o recursos, abastecimiento logístico, protección de rutas o puntos de operación, o enlace entre sus integrantes o unidades” será condenada a una pena de entre 13 y 16 años de cárcel.
Mientras que la condena será de entre 22 y 26 años de prisión cuando esta persona sirva a un GDO dedicado al narcotráfico, terrorismo o financiación del terrorismo, actividad ilícita de recursos mineros, sicariato, secuestro o secuestro extorsivo, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, delitos contra la integridad sexual y reproductiva de niñas, niños o adolescentes, tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas, o lavado de activos.
Y Peña pone un ejemplo: “Si ya tú eres un campanero funcional, eres parte de las extorsiones, eres parte de la organización, sea financieramente o ejerciendo algún tipo de rol dentro del GDO, pues lógicamente eso es un delito de pertenencia”.
Los reparos a la Ley Antimafias
El artículo en cuestión agrega un párrafo importante: “La existencia de relaciones familiares, afectivas, vecinales, laborales, profesionales, comerciales o de convivencia con integrantes del grupo no constituye, por sí sola, pertenencia funcional”.
El abogado penalista Patricio Rosero explica que el delito de pertenencia funcional a un GDO puede abarcar desde los campaneros hasta los choferes. Pero teme que el párrafo citado arriba sea usado de forma extensiva e incluso como lanza política contra los abogados por ejercer la defensa de un cliente.
Y pone un ejemplo: “Si yo me peleo con un fiscal o con un juez, este ”puede decir que como yo tengo conocimiento, como yo hice la defensa de esa persona, yo puedo ser también parte de esos nexos o el enlace operativo y también podría ser investigado (…) Entonces quedamos a criterio de fiscales, a criterio de jueces…”.
“Entonces ahorita no puedes pelearte como penalista con los fiscales. No te puedes pelear con un juez porque si él determina que te estás excediendo de tus actividades” habría cabida para que el abogado sea vinculado con el GDO. Esta Ley Antimafias también contempla que si eso ocurre, el profesional del Derecho quedará inhabilitado para ejercer la profesión por un tiempo que no podrá ser menor a la pena impuesta.
Por su parte, Sergio Peña niega que esto pueda ocurrir. Explica que un abogado puede defender a un cabecilla criminal y no por eso será relacionado con el delito de pertenencia. “Siempre y cuando no se use de manera dolosa la profesión. Por ejemplo, cuando ayuda a la organización a lavar dinero, creando empresas o facturando de manera irregular”.
La Ley aún espera la sanción del presidente Daniel Noboa y su envío al Registro Oficial para su entrada en vigencia. (ECUAVISA)
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