Quito (Pichincha), 13 de noviembre de 2026.- Con base en la carga probatoria presentada por la Fiscalía General del Estado, se obtuvo sentencias condenatorias contra once procesados, por el delito de delincuencia organizada con fines de secuestro extorsivo y asesinato.
El presunto líder de la estructura criminal, Luis Alberto S. Q., alias “El Gordo”, fue condenado a cumplir treinta y cuatro años y ocho meses de prisión.
Los otros diez procesados fueron sentenciados a diecisiete años y cuatro meses, en calidad de autores directos. Ellos son: Wendy Yesenia E. M. (gerente de una cooperativa de transporte), José Emilio V. V. (dirigente de una cooperativa de transporte), Elvis Franklin Ch. Q., Elvin Kelvin M. R., Jaime Raúl Ch. Q. (presidente una Cooperativa de transporte), Miguel Teobaldo M. R., Cristhian Andrés LL. T., Carmen Dolores G. B., César Adolfo C. M. y Stalin Nicolás V. G.,
Además, se dispuso el comiso de los bienes incautados durante el operativo ejecutado el 15 de noviembre de 2025. Como reparación integral a favor de las víctimas (socios de tres cooperativas de transporte público), los Jueces ordenaron la restitución de los valores recaudados ilegalmente desde la fecha en la que se inició la investigación previa en 2024.
Por otra parte, el Tribunal ratificó el estado de inocencia de cinco procesados. La sentencia escrita será notificada a las partes procesales en los próximos días.
Los hechos
Según la investigación, que inició el 11 de septiembre de 2024, la organización criminal obligaba a varias cooperativas de transporte en el cantón Durán a pagar entre 2 y 3 dólares diarios por cada unidad de transporte, durante el 2024.
Quienes se negaban a cumplir con estas exigencias eran víctimas de secuestros y amenazas, e incluso algunos conductores y dirigentes fueron asesinados. Por su liberación, los delincuentes exigían a sus familiares hasta 50.000 dólares.
El juzgamiento
El fiscal de la Unidad Especializada de Investigación Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, UNIDOT Guayas, a cargo del caso, presentó ante el Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, con sede en Quito, las pruebas testimoniales, periciales y documentales que demostraron la participación de los procesados y su responsabilidad penal en el delito atribuido.
Entre ellas, los testimonios de ochenta y seis testigos, informes periciales practicados a los teléfonos celulares donde se hallaron mensajes extorsivos, interceptaciones telefónicas, pericias efectuadas en armas de fuego, informes balísticos, certificados de defunción, levantamientos de cadáveres y autopsias.
También se incorporaron los informes de evidencias levantadas, entre estas el registro de 7.000 dólares en efectivo; así como las actas de indicios recabados durante allanamientos ejecutados, informes de inspección ocular técnica, reconocimiento de los lugares de los hechos y análisis de secuencias de fotogramas de cámaras de seguridad públicas y privadas.
Información jurídica
La Fiscalía procesó este caso por el delito tipificado en el artículo 369 inciso primero del Código Orgánico Integral Penal, COIP, que sanciona el delito de delincuencia organizada, con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años de prisión. Además, se aplicó la circunstancia agravante establecida en el artículo 47 numeral 5, del mismo cuerpo legal, la cual incrementó en un tercio la sanción impuesta. (FGE)
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