Una serie de allanamientos realizados el 19 de noviembre de 2026 reactivó la atención sobre la contratación hospitalaria del IESS durante la pandemia. La Fiscalía General del Estado abrió una indagación por presunto lavado de activos derivada de la causa penal de 2020.
En el centro del expediente de la causa original por delincuencia organizada consta el empresario Pablo Jorge Mendoza Noboa. El Ministerio Público lo acusó como un presunto líder del esquema investigado, señalamiento que comparte junto a Xavier Edmundo Jordán Mendoza.
Ambos, Jordán y Menoza, ganaron notoriedad en 2020, cuando el entonces asambleísta Fernando Villavicencio reveló una fotografía en una piscina. Junto a ellos estaba Ronny Aleaga, exasambleísta de la Revolución Ciudadana. Hoy, Aleaga y Jordán son enjuiciados por el asesinato de Villavicencio.
En el caso de corrupción en la pandemia por el Covid-19, la justicia dictó llamamiento a juicio y prisión preventiva contra Mendoza, pero la audiencia de juzgamiento no se instaló para él ni para Jordán. Al encontrarse en el exterior, el Tribunal penal dispuso la suspensión del juicio hasta que comparezca ante las autoridades. Ambos están prófugos.
Mientras los recientes allanamientos ubicaron bajo el foco a empresarios como alias ‘V’, la Fiscalía lo relacionó con el rastro de Mendoza y Jordán. En los documentos del proceso original constan los contratos analizados, los informes patrimoniales y las alegaciones de su defensa.
El perfil empresarial y los contratos de Biosalud
Pablo Jorge Mendoza Noboa es un economista que se desempeñó como gerente general y representante legal de la empresa Biosalud S.A. desde el 8 de agosto de 2016. La compañía operaba en el mercado como distribuidora autorizada de marcas internacionales de insumos hospitalarios.
Dentro de las pericias incorporadas a la causa 09286-2020-01773, los investigadores tributarios determinaron que Biosalud registró contrataciones y ventas con el sector público por montos superiores a USD 5 millones. Estas operaciones abarcaron diversos suministros para unidades del sistema de salud.
El expediente fiscal analizó la suscripción de convenios de pago en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. En dicha casa asistencial se tramitó el convenio 97 de 2018 por USD 1,3 millones para la provisión de vendas elásticas, apósitos quirúrgicos y material sanitario.
Los informes procesales también registraron trámites mercantiles en el Hospital General del Norte Los Ceibos. En dicha unidad se aprobó el convenio 52 de 2018 por USD 206.441 en insumos vasculares, además de procesos contractuales adjudicados que sobrepasaron los USD 2 millones.
Las diligencias judiciales abarcaron contratos suscritos con el Hospital Abel Gilbert Pontón por USD 1,16 millones. Durante la instrucción fiscal se efectuaron verificaciones físicas a la sede registrada por Biosalud S.A. en Guayaquil, donde los moradores no identificaron la actividad.
Los reportes societarios anexados a la causa judicial establecieron que Mendoza constituyó la compañía Global Medical S.A. el 15 de septiembre de 2017. Las actuaciones procesales señalaron que el empresario realizó la transferencia de 400 acciones de dicha sociedad mercantil el 23 de mayo de 2019.
Pese a esa cesión accionaria, la acusación fiscal examinó tres convenios de pago tramitados por Global Medical S.A. con el Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante 2018. Estos trámites sumaron USD 1 millón por prótesis de cadera, USD 1,3 millones por prótesis de rodilla y USD 67.200 por mallas.
El historial económico incluyó a la empresa Cormedic S.A., sociedad mercantil en la que Mendoza ejerció la gerencia general desde 2016. Por medio de esta persona jurídica se efectuaron ventas de mascarillas y termómetros a firmas privadas durante los meses de emergencia sanitaria.
Los peritajes societarios identificaron nexos de negocios con Karina Marlene Cadena Aguilera. Ambos figuraron como accionistas en las compañías Tienda On Line TOL S.A., constituida el 1 de julio de 2019, Italwine S.A., dedicada al comercio de vinos, y la empresa Bestopsa S.A.
El análisis patrimonial extendió sus indagaciones a participaciones en compañías como Cartractor S.A., Univex S.A., Maxiventas S.A., Nillonisa S.A. y DIP Autoparts. De igual manera, se incorporaron expedientes de compras con el Hospital Los Ceibos tramitados por la firma DIP Medical.
Los señalamientos fiscales y los vínculos con Xavier Jordán
La teoría fiscal del caso de 2020 sostuvo que Mendoza concertó con administradores y directivos del Seguro Social la aplicación de convenios de pago. El Ministerio Público argumentó que dicho mecanismo administrativo se utilizó para eludir licitaciones ordinarias y transferir fondos al exterior.
Los informes emitidos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) identificaron movimientos bancarios internacionales. Los documentos reportaron salidas de divisas asociadas al empresario hacia destinos financieros en Estados Unidos y Luxemburgo por cifras de USD 43.867 y USD 200.955.
Como elemento probatorio de contacto con Xavier Jordán, los investigadores reportaron la compra de boletos aéreos. La empresa Dimarda S.A., vinculada a Jordán, adquirió pasajes el 16 de abril de 2018 en la agencia ContiViajes a favor de Mendoza y de su cónyuge.
Al rendir su versión voluntaria en el expediente, Mendoza descartó cualquier vínculo laboral o comercial directo de subordinación con Jordán. El procesado aseguró ante los fiscales que su acercamiento respondía estrictamente a un ámbito personal debido a la amistad existente entre sus hijos.
En el proceso, sus abogados José Eduardo Maldonado y María del Mar Gallegos (hoy defensora de José Serrano en el caso Villavicencio) rechazaron los cargos. La técnica alegó que el Ministerio Público aplicó un derecho penal de autor al criminalizar relaciones sociales y actividades comerciales lícitas.
La defensa expuso que los convenios de pago de Biosalud S.A. correspondieron a trámites administrativos legítimos para saldar deudas institucionales. Los profesionales señalaron que los insumos y dispositivos médicos ingresaron a bodega a entera satisfacción de las entidades de salud.
En el caso, el juez penal de primera instancia emitió auto de llamamiento a juicio en contra de Mendoza y ratificó la medida de prisión preventiva.
Pero, debido a que la legislación penal ecuatoriana prohíbe el juzgamiento en ausencia para el delito de delincuencia organizada, el tribunal resolvió suspender la etapa de condena. Mendoza fue declarado en calidad de prófugo de la justicia junto al coprocesado Xavier Jordán.
Ambos habrían salido hacia Estados Unidos. Recientemente, Jordán fue detenido cerca de Miami y hoy está en proceso de deportación a Ecuador. Mientras que de Mendoza no se ha tenido rastro en años.

Quién es alias ‘V’, empresario de insumos médicos allanado por presunto lavado y con nexos con Xavier Jordán
Las pesquisas de la Fiscalía, que protagonizó allanamientos en la provincia del Guayas junto a la Policía, se centran en el rastreo de una estructura económica vinculada con contratos del sistema de salud pública y señalada por el presunto delito de lavado de activos.
Los allanamientos, ejecutados en el marco de una investigación previa, incluyeron la intervención de un inmueble residencial en Samborondón y las sedes operativas de 13 empresas en Guayas. Las autoridades no realizaron detenciones y centraron el operativo en el levantamiento de evidencias documentales e informáticas en torno al ciudadano identificado como alias ‘V’.
¿Quién es alias ‘V’?
De acuerdo con las fuentes de la investigación, el allanado responde a los nombres de Mario Vladimir P. Á., un empresario ecuatoriano con una trayectoria de más de tres décadas vinculado al suministro y comercialización de fármacos, dispositivos e insumos médicos para casas de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Ministerio de Salud Pública (MSP).
El predio allanado en una urbanización privada de la parroquia La Puntilla (Samborondón) -una residencia valorada en más de un millón de dólares- contaba con reportes policiales preliminares por la afluencia de empresarios, de figuras públicas y del espectáculo.
En el ámbito internacional, reportes de prensa locales dieron cuenta en octubre de 2025 de que agencias federales de Estados Unidos, entre ellas el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (HSI), mantenían abiertas líneas de investigación sobre adquisiciones públicas hospitalarias en Ecuador y el presunto traslado de capitales hacia inversiones inmobiliarias en Norteamérica.

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El nexo con Xavier Jordán y con causa matriz de 2020
Las actuaciones fiscales se derivan de la investigación iniciada en 2020 por el presunto delito de delincuencia organizada. Dicho proceso indagó irregularidades, intermediaciones y sobreprecios en la adquisición de insumos médicos y quirúrgicos durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.
En aquella causa se procesa a Pablo Mendoza y Xavier Jordán, este último llamado a juicio en el caso del Magnicidio de Fernando Villavicencio. La Fiscalía vinculó a Jordán con esquemas societarios que presuntamente accedieron a convenios de provisión hospitalaria por montos millonarios. Jordan se encuentra detenido en Estados Unidos, mientras mantiene procesos judiciales en Ecuador.
La línea investigativa actual por lavado de activos busca determinar la trazabilidad del dinero: rastrear si los recursos presuntamente obtenidos mediante adjudicaciones hospitalarias cuestionadas fueron canalizados e integrados en diversos sectores de la economía formal o incluso a nivel internacional.
#AHORA | #Guayas: #FiscalíaEc lidera un operativo en #Samborondón, por una investigación previa por posible #LavadoDeActivos. Las diligencias se ejecutan en el inmueble de alias “V” y en las oficinas de 13 empresas relacionadas con contratos para la venta de insumos médicos. https://t.co/ouwayE0Pwb
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 19, 2026
Documentación contable y diversificación societaria
Durante los allanamientos, los agentes de la Fiscalía incautaron equipos informáticos, discos duros, terminales móviles y cajas con documentación contable y corporativa. Entre los archivos tributarios y financieros bajo cadena de custodia figuran decenas de cajas con documentos de las 13 compañías investigadas, entre ellas dos firmas del sector salud que han estado largamente bajo el foco público:
La primera compañía es Nutri Med Nutrimed Ecuador S.A., que tras las investigaciones periodísticas por el escándalo de corrupción en la provisión de insumos médicos, cambió su denominación en abril de 2022 y pasó a llamarse Totalcare Pharma S.A. En esta compañía Mario Vladimir P. Á. desempeñó funciones directivas y mantuvo participación accionaria, pero transfirió acciones formalmente en agosto de 2019.
Entre las firmas investigadas también consta Pharmadial S.A., en la cual el investigado sigue siendo actualmente accionista y en la que figura como gerente general, según datos de la Superintendencia de Compañía.
A la par de empresas proveedoras de insumos médicos, los allanamientos abarcaron 13 domicilios tributarios y sedes corporativas -ocho ubicadas en el cantón Durán y cinco en Samborondón-, que se dedican también a negocios en el sector inmobiliario o la organización y promoción de eventos.
En los registros públicos de control mercantil de la Super de Compañía el investigado mantiene representaciones vigentes como administrador en siete compañías y acciones en 14 corporaciones adicionales en sectores como los de la construcción, fármacos o de servicios empresariales.
Descargos de defensa respecto a los contratos del sector salud
Frente a los cuestionamientos, Mario Vladimir P. Á. ha rechazado públicamente -en el pasado- cualquier vinculación con actos ilícitos o redes de contratación irregular en el sector de la salud.
En una carta de réplica formal remitida al diario El Universo en julio de 2020, el empresario sostuvo que su actividad comercial de más de 30 años se ha desarrollado en apego a la ley, desvirtuando ser cabecilla o propietario de un consorcio orientado a captar contratos anómalos en el sistema del IESS.
Respecto a los convenios celebrados por Nutrimed Ecuador S.A. con el Ministerio de Salud Pública, afirmó que correspondieron a procedimientos de contratación pública transparentes y sujetos a los techos de precios fijados por las autoridades sanitarias. Asimismo, enfatizó que se había desvinculado con anterioridad de otras firmas del sector farmacéutico señaladas en investigaciones periodísticas. (PRIMICIAS EC)

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