Quito (Pichincha), 02 de abril de 2024.- Tres personas cumplirán una pena agravada de diecisiete años y cuatro meses de privación de libertad, como autores de secuestro extorsivo, y deberán cancelar 5.000 dólares (cada uno) como reparación integral a la víctima. Mientras que otros dos condenados permanecerán cinco años y nueve meses en prisión, como cómplices del delito, y tendrán que cancelar 2.500 dólares (cada uno), también por concepto de reparación integral.
Una mujer –hermana de dos de los sentenciados como autores y pareja sentimental de uno de los cómplices–, se encuentra prófuga.
La Fiscal del caso presentó, en la audiencia de juzgamiento, testimonios de familiares, peritos y agentes aprehensores de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) de la Policía Nacional para sustentar su acusación.
El perito que practicó la extracción y materialización de la información de tres celulares indicó que en el teléfono del sentenciado Óscar Andrés B. O. se detallaron los pormenores de la ejecución del delito.
En cambio, desde otro de los teléfonos, se retiró –sin tarjeta–300 dólares y, posteriormente, 1.500 dólares fueron transferidos por la hermana de la víctima a un beneficiario en Colombia.
Acotó que en los dispositivos celulares se encontraron indicios de que los procesados pertenecerían a un grupo de crimen organizado relacionado con el “Tren de Aragua”.
48 horas de terror
El día que lo secuestraron (25 de abril de 2023) exigieron 30.000 dólares a la hermana del secuestrado para liberarlo con vida. Horas más tarde, bajaron a 20.000 su exigencia. Después, la familia conoció de un retiro de dinero, sin tarjeta, por 300 dólares.
Al día siguiente, las llamadas telefónicas continuaron, acompañadas de gritos, insultos y amenazas de muerte. Entonces acordaron 1.500 dólares para la liberación, depósito que debía hacerse en una cuenta en Colombia.
El 27 de abril, una vez ejecutada la transacción bancaria, dejaron libre al hombre en el barrio Nueva Aurora, en el sur de Quito.
Un grupo encubierto de policías acompañaba a la familia. En tanto que otros agentes siguieron la pista de los secuestradores, hasta someterlos en un local de comidas ubicado en el redondel de La Atahualpa, desde donde fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia, donde delataron a los otros integrantes de la banda.
Por su parte, la víctima –en estado de conmoción– relató que se bajó de su vehículo para abrir la puerta del garaje de su domicilio, cunado varias personas salieron de un vehículo y se lo llevaron.
Durante su cautiverio –del 25 al 27 de abril de 2023– escuchaba que entre los secuestradores se llamaban por sus alias: “Simanca”, “Caracas”, “hermano de Caracas”… y más de uno llevaba la cabellera pintada de amarillo.
Asimismo, en esas cuarenta y ocho horas de secuestro, fue víctima de innumerables insultos, de hostigamiento y más de una vez simularon dispararle, ingresando el cañón de la pistola en su boca: “esa persona me decía que le caigo mal y que tiene ganas de matarme”.
La víctima y su familia ingresaron en el Sistema de Protección a Víctimas, Testigos y Otros Integrantes del Proceso Penal (Spavt) de la Fiscalía General del Estado.
Información jurídica
El caso se procesó y sentenció con base en el artículo 162, numerales 2 y 9, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con la circunstancia agravante del artículo 47, numeral 5: cometer la infracción entre dos o más personas. (FGE)
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