Quito (Pichincha), 18 de abril de 2024.- La Fiscalía General del Estado vinculó a los ciudadanos extranjeros Dritan G. (albanés), Mario S. y Carina E. (argentinos); a los ecuatorianos Carlos G. y Pablo H.; y a las empresas Damascoswett S. A., Agricomtrade S. A., Sentilver S. A., Cresmark S. A., Neoglobal S. A., Ingrenier S. A. y Carniproducción S. A. a la causa en la que se investiga un presunto lavado de activos por alrededor de 31 millones de dólares.
Otras cinco personas son procesadas en este caso. Fueron detenidas el 7 de febrero en el operativo ‘Gran Fenix 13’, liderado por Fiscalía, en Pichincha, Cotopaxi, Guayas, El Oro, Azuay y Los Ríos.
En la audiencia de vinculación, la Fiscal de la Unidad Selecta Contra el Lavado de Activos (Uisela) que lleva la investigación detalló que la presunta organización delictiva, liderada por Dritan G., Mario S. y Carlos G., junto a algunos familiares y su círculo cercano, estarían operando en Ecuador.
Ellos habrían creado varias empresas y utilizado otras ya establecidas, con el fin de ocultar la real procedencia del dinero ilícito (narcotráfico) y aparentar legalidad. Varias de las compañías vinculadas tenían como actividades comerciales la exportación de productos agrícolas (banano), la compra venta de bienes inmuebles, producción de cárnicos y producción de cannabis. Sin embargo, el sistema financiero nacional detectó algunos movimientos inusuales por un monto aproximado de 31’000.000 dólares (entre 2015 y 2024).
En este tiempo, la presunta organización delictiva habría adquirido bienes muebles, vehículos de alta gama y bienes inmuebles (terrenos, casas, oficinas, bodegas, parqueaderos y más) en las provincias de Guayas, Los Ríos, Cotopaxi y Santa Elena.
Entre las señales de alerta identificadas por las autoridades de control se incluyen los depósitos de grandes cantidades de dinero en efectivo por concepto de venta de productos agrícolas, adquisición de varios bienes inmuebles pagados con dinero en efectivo, adquisición y pago de inmuebles por valores superiores a los registrados en las escrituras de compra-venta, adquisición de varios vehículos de alta gama, diferencia entre ingresos declarados a la administración tributaria y las acreditaciones bancarias en el sistema financiero.
El Juez Anticorrupción que conoció la causa dictó prisión preventiva para los vinculados y ordenó a la Policía su localización y captura. Además, dispuso que la Superintendencia de Compañías intervenga las empresas, se incauten propiedades y se retengan cuentas.
También ordenó la incautación de quince vehículos y de cuarenta y tres inmuebles, entre departamentos, casas, lotes de terreno, oficinas, parqueaderos, bodegas… Estos bienes se suman al listado de los ya incautados, que se encuentran en administración de Inmobiliar.
La instrucción fiscal de este caso se amplía por treinta días más (120 días en total).
Otros procesos
Algunos de los procesados en esta causa también están involucrados en otra investigación que Fiscalía lleva –de forma paralela– por presunta delincuencia organizada para tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
Según una Asistencia Penal Internacional, Mario S. ha sido procesado en España por los delitos de tráfico de sustancias estupefacientes y blanqueo de capitales. Información aportada por la DEA menciona que él y sus empresas de exportación estarían vinculadas al envío de grandes cantidades de cocaína desde Ecuador a diferentes países europeos, entre ellos el país ibérico.
Por otra parte, a través de la Policía española se conoció que –entre 2019 y 2021– se han incautado grandes cantidades de cocaína en contenedores de las empresas Sentilver y Damascoswett.
Otro de los procesados, Dritan G., también está vinculado al negocio de las exportaciones de fruta, a través de las empresas Durexporta o Bioexport. Además, sería el principal socio de Mario S. en la actividad delictiva de narcotráfico.
Esta causa y las investigaciones paralelas develarían la existencia de una compleja y poderosa organización internacional dedicada al tráfico de cocaína a gran escala, que controlaría desde el suministro hasta la venta final, y con la capacidad de blanquear millonarias cantidades de dinero obtenido de forma ilícita. (FGE)
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