El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) determinó la cancelación del Movimiento Construye por cometer una infracción electoral. Esa decisión ha provocado el rechazo de María Paula Romo, líder de la organización política, quien acusa al gobierno de Daniel Noboa de ejercer presión para conseguir la sanción.
Este hecho incide en la relación política en la Asamblea Nacional, donde el oficialismo había perdido la alianza con el correísmo y ahora se cierran las puertas de un acercamiento con Construye.
Construye cierra la posibilidad de diálogo con el Gobierno
En entrevista para Ecuavisa.com, María Paula Romo responde con un tajante “no” a la pregunta de si ha tenido diálogos con el gobierno o la bancada de ADN, una vez que se anunció la ruptura del pacto oficialismo-correísmo.
Sobre el rol que ejercerá Construye en la Asamblea Nacional, la dirigente política responde que mantendrán la misma actuación que hasta el momento. Es decir, analizarán las leyes o los procesos de fiscalización caso por caso.
Pone como ejemplo su postura en el marco de la consulta popular, que impulsa el presidente Daniel Noboa, y dice que esta no responde a una relación con el Gobierno, sino una decisión “por el país”.
En cuanto a si ve necesario mantener un diálogo con el Gobierno, Romo también es determinante en decir que no.
“No es necesario hablar de acercamientos o de diálogos, simplemente cuando hay temas que le benefician al país, seremos nosotros los primeros en defenderlos”, indica.
En cambio, de parte de ADN, todavía dejan abierta una ventana de diálogo. El asesor político de la bancada, Andrés Castillo, dice que harán todos los acercamientos necesarios para conseguir los acuerdos que les permitan concretar el plan de gobierno.
En cuanto a cómo conformarán una nueva mayoría, reconoce que será complejo acercarse a los asambleístas catalogados como independientes porque ahí tienen votos dispersos, sin embargo, todavía ven viable que las decisiones se tomen con base en las propuestas y no en los partidos políticos.
¿Qué pruebas tiene Construye de que el Gobierno está detrás de la decisión del TCE?
Romo explica que sus acusaciones se basan en las declaraciones del presidente Daniel Noboa. Cita una entrevista del Mandatario, del 4 de enero de 2024, en Radio Sucre, donde dijo que el movimiento Construye debía ser eliminado y que era una “basurita en el ojo”.
La lectura de la dirigente es que su bloque votó en contra de la primera ley de urgencia económica, que incluía una reforma tributaria, y eso provocó el malestar del Mandatario.
Otros actores políticos han salido a respaldar a Construye. Por ejemplo, el excandidato presidencial Jan Topic, quien participó con el Partido Social Cristiano (PSC) en las elecciones anticipadas, se mostró preocupado. “Más de un millón y medio de ecuatorianos apostaron por ese proyecto político”, escribió en X.
El exministro de Gobierno, Henry Cucalón, también se pronunció, calificando a la decisión del TCE como “una afrenta al sistema democrático”.
De parte de ADN, Castillo, dice que es común que se intente responsabilizar al presidente por todo lo que ocurre en las demás funciones del Estado. Sin embargo, enfatiza que el Mandatario no tienen ninguna influencia en el Tribunal Contencioso Electoral. Dice que el juez Ángel Torres se ha mostrado afín a Creo y no a ADN.
También señala que hay otras instancias en las que el movimiento puede apelar a la decisión.
Construye argumenta que la sentencia no tiene sustento
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó la denuncia el 24 de enero de 2024, ante el Tribunal Contencioso Electoral. La causa fue sorteada al juez Ángel Torres.
La supuesta infracción se centra en que Construye debía presentar el informe económico financiero del ejercicio fiscal 2022 hasta el 31 de marzo de 2023, y según el CNE no se entregó, aun cuando se otorgó un tiempo de prórroga.
Iván González, representante del movimiento, en cambio, argumenta que ese año la organización no recibió ningún valor por concepto de fondo partidario permanente, ni privado ni público.
Además, desde Construye consideran que existe una incompatibilidad de la denuncia, porque el artículo del Código de la Democracia que se cita para la sanción aplica por incumplimiento de la presentación de los informes de gastos del fondo electoral, y no por la presentación del informe económico financiero anual de cuentas del movimiento.
El decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK, Esteban Ron, observa que la denuncia se haya presentado recién en enero de este año, cuando el incumplimiento venció el año anterior.
Para el especialista, no es desproporcionada la sanción, porque dice que así lo establece la ley, Sin embargo, sí cree que no se ha demostrado que Construye haya incumplido con la entrega del informe económico financiero por dos años consecutivos. (ECUAVISA)
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