El ministro del Interior, John Reimberg, informó este lunes 28 de abril sobre allanamientos ejecutados en oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en Guayas, Azuay y Santa Elena.
En imágenes difundidas por el propio funcionario se observa que además de él, el presidente de la República, Daniel Noboa; la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano; el secretario general de Integridad Pública, José Julio Neira, y autoridades militares y policiales lideran el operativo.
Ecuavisa conoció que parte de estas diligencias se desarrollaron en las oficinas de CNEL ubicadas en el edificio del ECU 911, en Samborondón, provincia del Guayas.
Tras el procedimiento, Reimberg precisó que, además de Samborondón, durante la jornada se ejecutan intervenciones en Cuenca y Santa Elena. Indicó que alrededor de 50 personas están bajo investigación, entre ellas funcionarios cuyos patrimonios superarían los tres millones de dólares.
El ministro adelantó que estos operativos se extenderán a otras jurisdicciones y afirmó que en Cuenca estarían “los cerebros de la información” dentro de esta presunta trama.
La Fiscalía General del Estado (FGE), de su lado, señaló que se indaga un presunto delito de peculado.
Red de corrupción operó por más de 11 años, dice Noboa
Cerca de las 11:35, Noboa señaló que las intervenciones responden a la desarticulación de una red de corrupción “que operó por más de 11 años dentro de CNEL”. Según explicó, este esquema incluía la alteración de facturas a cambio de sobornos, el uso de reclamos para evadir pagos y el supuesto respaldo de funcionarios de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) para sostener estas prácticas.
El mandatario también afirmó que la red habría manipulado proyectos eléctricos y provocado fallas que afectaron directamente a los usuarios, generando pérdidas para el Estado de al menos 300 millones de dólares.
CNEL es la mayor empresa de distribución de energía del país y cubre el 44 % del territorio nacional. Provee el servicio eléctrico en provincias como Guayas, Santa Elena, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Sucumbíos, entre otras. (ECUAVISA)
Sueldos mínimos, pero patrimonios millonarios: así operaba la presunta red de corrupción en CNEL
La Policía Nacional y la Fiscalía allanaron las oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), ya que ahí operaba una presunta mafia dedicada a manipular facturas. Además, se descubrió que algunos funcionarios tienen patrimonios millonarios con sueldos mínimos.
La mañana de este martes, 28 de abril, se llevó a cabo una operación en las provincias del Guayas, Santa Elena y Azuay en el marco de una investigación por el presunto delito de peculado.
El ministro del Interior, John Reimberg, indicó que hay alrededor de 50 funcionarios de CNEL detenidos por integrar una red de corrupción que manipulaba facturas eléctricas para beneficiarse económicamente.
“Hay ciudadanos que trabajan en algunas dependencias, que ganan sueldos mínimos, pero tienen patrimonios superiores a los USD 3 millones”, detalló el ministro.
¿Cómo operaba la red criminal en CNEL?
Agregó que los detenidos se dedicaban a bajar o borrar las deudas, mientras que a otros perjudicaban con valores exorbitantes.
“Se va a destapar un gran problema que existe en el sector eléctrico, que están perjudicando a los ecuatorianos y al Estado”, señaló Reimberg.
También, dijo que existe la posibilidad de que estos ciudadanos estén involucrados en los cortes inesperados de luz, registrados hace unas semanas en Guayaquil. “Es parte de quienes están acá queriendo atacar al gobierno nacional y a la gestión”.
Los funcionarios detenidos rendirán versiones en las próximas horas para determinar su grado de responsabilidad.
Por su parte, el presidente Daniel Noboa dijo que la red de corrupción operó por más de 11 años.
“Cambiaban las facturas a cambio de coimas, usaban reclamos para evadir pagos y tenían apoyo dentro de Arconel para sostener el negocio”.
El mandatario añadió que estos funcionarios manipularon proyectos eléctricos y provocaron fallas que afectaron directamente a la gente.
“Le quitaron al país al menos USD 300 millones. Mientras unos pagaban su planilla completa, otros la borraban con una llamada a un funcionario. Eso lo terminó pagando todo el Ecuador”, acotó. (REVISTA VISTAZO)
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