Ambato (Tungurahua), 13 de julio de 2026.- Como resultado de una investigación desarrollada por la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Unidad Nacional Contra el Delito de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Unat), cuatro personas son procesadas por su presunta participación en el delito de tráfico ilícito de migrantes.
En la audiencia de formulación de cargos, el Juez de Garantías Penales que conoció la causa acogió los elementos de convicción presentados por Fiscalía y dictó prisión preventiva para Milton Andrés S. N. y Segundo Vicente G. H. En cambio, para Dayana Lisseth S. P. y Jonathan Fernando R. T., policía en servicio activo, dispuso medidas alternativas como prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la autoridad competente.
La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días.
La investigación se inició en septiembre de 2025, en coordinación con el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos y la Unat, tras la denuncia presentada por una víctima. En su relato, indicó que fue contactada por una organización que ofrecía trasladarla de forma irregular hacia Estados Unidos a cambio de altas sumas de dinero.
Según la investigación, los ahora procesados habrían coordinado el traslado de varias personas desde Ecuador hacia Estados Unidos mediante rutas irregulares que atravesaban Colombia, El Salvador, México y la frontera sur de ese país. Como parte del presunto esquema, las víctimas debían efectuar pagos parciales antes del viaje y cancelar el saldo durante el trayecto.
En el caso investigado, una de las víctimas habría pagado aproximadamente 31.000 dólares por el traslado de tres personas. Sin embargo, luego de ingresar de manera irregular a territorio estadounidense, fueron detenidas por las autoridades migratorias y posteriormente deportadas a Ecuador.
Durante la audiencia, Fiscalía presentó diversos elementos de convicción recabados en la investigación previa, entre ellos, informes investigativos, registros migratorios, información financiera, documentación bancaria, versiones de la víctima y de testigos, así como los resultados de diligencias especiales de investigación autorizadas judicialmente, entre ellas seguimientos, vigilancias e interceptación de comunicaciones.
Estos elementos permitieron identificar la presunta participación de los procesados en una estructura que habría facilitado la migración irregular con el propósito de obtener un beneficio económico.
Información jurídica
El delito de tráfico ilícito de migrantes está tipificado y sancionado en el artículo 213 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con una pena privativa de libertad de siete a diez años. (FGE)
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