Guayaquil (Guayas), 20 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado procesa a Rey René G. V., militar en servicio activo, por el presunto delito de ingreso de artículos prohibidos a la Penitenciaría del Litoral. El uniformado fue aprehendido con cuatro teléfonos celulares que presuntamente pretendía ingresar al centro penitenciario.
Según el parte de aprehensión, elaborado por militares y agentes de la Policía Nacional que resguardan los accesos al centro de privación de libertad, los teléfonos celulares fueron encontrados dentro de una mochila de uso militar. Los dispositivos estaban envueltos en una funda plástica junto con varios alimentos.
El militar, quien pertenecería a la Fuerza Naval, fue interceptado por personal militar que brindaba seguridad externa en las puertas de acceso del Centro de Privación de Libertad Guayas No. 1. Los uniformados detectaron una actitud sospechosa cuando intentó ingresar la mochila sin ser advertido.
Al verse descubierto, colaboró con su aprehensión y no opuso resistencia. El jefe de patrulla informó la novedad al ECU 9-1-1 y solicitó la presencia de la Policía Nacional.
Posteriormente, fue trasladado a la Unidad Judicial Cuartel Modelo y puesto a órdenes de la autoridad competente. Los indicios fueron ingresados en cadena de custodia por la Policía Judicial.
Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la Fiscal del caso presentó los elementos de convicción recabados durante la investigación, entre ellos, el parte informativo y de aprehensión, las versiones de los agentes aprehensores y las evidencias ingresadas en cadena de custodia.
El Juez de Garantías Penales no acogió el pedido de prisión preventiva formulado por Fiscalía y dispuso medidas cautelares para Rey René G. V., consistentes en la prohibición de salida del país y la presentación semanal ante el Fiscal que investigará el caso.
La instrucción fiscal tendrá una duración de treinta días.
Información jurídica
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 275, incisos segundo y quinto, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El ingreso de artículos prohibidos a un centro penitenciario SE sanciona con una pena máxima establecida de seis años de privación de libertad. (FGE)
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