Las intervenciones ejecutadas durante una semana en distintas provincias del país afectaron a presuntos integrantes de estructuras vinculadas con secuestros y extorsiones. Veintiséis de los detenidos estarían relacionados con grupos delictivos organizados.
Sesenta y cuatro personas fueron detenidas, ocho víctimas recuperaron su libertad y se evitó el pago de 444.595 dólares exigidos mediante secuestros y extorsiones, como resultado de los operativos “Libertad” ejecutados por la Policía Nacional del Ecuador entre el 20 y el 26 de julio.
Las intervenciones fueron desarrolladas por la Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión (UNASE) en Guayas, Los Ríos, El Oro, Manabí, Santa Elena, Esmeraldas, Santo Domingo, Pichincha, El Oriente y sectores de la Sierra Centro.
Las acciones forman parte de la Estrategia Operacional 3D, orientada a debilitar, desorganizar y desarticular estructuras criminales mediante investigación especializada, despliegue territorial y respuesta operativa.
De las 64 personas detenidas, 26 estarían relacionadas con grupos delictivos organizados como “Chone Killers”, “Los Choneros” y “Los Lobos”, estructuras señaladas por su posible participación en delitos de secuestro y extorsión en distintas zonas del país.
Ocho víctimas recuperaron su libertad
Durante las intervenciones, los equipos especializados liberaron a ocho personas que permanecían en cautiverio.
Tras su recuperación, las víctimas recibieron atención médica inmediata y fueron reunificadas con sus familiares, bajo acompañamiento policial.
Los procedimientos permitieron interrumpir las exigencias económicas formuladas por los presuntos responsables y evitar nuevas afectaciones contra la integridad de las personas retenidas y sus entornos familiares.
Intervenciones en Santa Elena y Guayaquil
Entre los casos relevantes consta una operación ejecutada el 22 de julio en Santa Elena y Guayaquil, que dejó cuatro ciudadanos ecuatorianos aprehendidos por su presunta participación en el delito de extorsión.
Según las investigaciones, los implicados habrían exigido dinero a un ciudadano para permitirle continuar trabajando en su negocio, ubicado en un sector costero de Salinas.
La intervención permitió identificar y detener a los presuntos responsables, como parte de las acciones orientadas a contener las amenazas y cobros ilegales dirigidos contra comerciantes y propietarios de establecimientos.
Una investigación por secuestro extorsivo en Quito
En el sector de La Roldós, al norte de Quito, una operación permitió la aprehensión de una mujer presuntamente vinculada con un secuestro extorsivo.
De acuerdo con las investigaciones, la ciudadana habría participado en la retención de una persona y en la exigencia de dinero a sus familiares, bajo amenazas contra la integridad física de la víctima.
El procedimiento fue desarrollado mediante técnicas investigativas y coordinación operativa, con el propósito de identificar a quienes habrían intervenido en el hecho.
Dos detenidos tras un secuestro en Manta
En Manta, provincia de Manabí, fueron aprehendidos dos individuos que presuntamente habrían secuestrado a un ciudadano horas antes de la intervención policial.
Según las diligencias, los implicados habrían exigido 90.000 dólares a los familiares de la víctima a cambio de su liberación. Durante las comunicaciones también habrían amenazado con atentar contra su integridad física si el dinero no era entregado.
La actuación de las unidades especializadas permitió intervenir antes de que se concretara el pago exigido.
Un golpe a las economías criminales
En conjunto, los operativos evitaron que las víctimas y sus familiares entregaran 25.194.595 dólares a presuntos secuestradores y extorsionadores.
Este resultado representa una afectación directa a las fuentes de financiamiento de estructuras que recurren a la violencia, la intimidación y las amenazas para obtener recursos ilícitos.
La Policía Nacional del Ecuador mantiene sus acciones contra el secuestro y la extorsión mediante investigación especializada, respuesta inmediata y presencia operativa en territorio.
La institución exhorta a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier amenaza, exigencia económica o hecho relacionado con estos delitos, para activar los protocolos especializados y evitar nuevas afectaciones.
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