Inseguridad y burdeles clandestinos inquietan a los barrios

CUENCA.- “Todos saben lo que sucede en nuestro barrio. Las autoridades conocen de la presencia de un prostíbulo clandestino, pero no hacen nada”. Con esas palabras, moradores del barrio Mutualista Azuay, en el sector de Totoracocha, describen una problemática que, aseguran, afecta desde hace varios años a la tranquilidad del vecindario.

Los habitantes relatan que, durante las noches, es frecuente observar la llegada de vehículos y personas desconocidas al sector. Esta situación, ha generado temor entre los vecinos, quienes incluso evitan salir de sus viviendas para no exponerse a posibles hechos de violencia o inseguridad.

Juan Bustillos, presidente del barrio, lamentó que esta realidad se registre en un sector que nació como una zona residencial y que, con el paso del tiempo, ha experimentado un crecimiento comercial. Sin embargo, aseguró que los moradores rechazan que algunos inmuebles sean utilizados para el funcionamiento de cabarets clandestinos, situación que también favorece la comisión de otros delitos.

Solución

Para Bustillos, este problema no es exclusivo de Totoracocha, sino que también se presenta en otros sectores de Cuenca. En su criterio, la solución pasa por contar con una normativa que permita ejecutar controles más efectivos y sancionar a quienes incumplen la ley.

El dirigente solicitó al Municipio de Cuenca contratar una consultoría para definir un espacio adecuado dentro del cantón donde puedan desarrollarse las actividades relacionadas con el trabajo sexual de forma regulada. Añadió que, si no es posible contratar ese estudio por falta de oferentes, este debería ser elaborado por los propios técnicos municipales debido a la urgencia del tema.

Asimismo, cuestionó la ausencia de una ordenanza que regule el uso del suelo y permita sancionar con mayor rigor a quienes destinan viviendas a actividades no autorizadas.

La preocupación de los barrios no se limita a la prostitución clandestina. Los moradores también reportan robos, presencia de personas sospechosas y otros hechos que incrementan la percepción de inseguridad.

En una entrevista anterior con El Mercurio, Roberto Mosquera, presidente de la Federación de Barrios de Cuenca, advirtió sobre el aumento de la inseguridad en distintos sectores de la ciudad y cuestionó el funcionamiento de las alarmas comunitarias porque algunas ya no funcionan.

Mosquera indicó que los dirigentes barriales reportan constantes robos en sectores como Totoracocha y reiteró la preocupación por el funcionamiento de prostíbulos clandestinos. “Para que la inseguridad disminuya se debe incrementar el personal policial. Muchas veces acudimos a las UPC y no encontramos servidores”, señaló.

Cuestionamientos

El gobernador del Azuay, Xavier Bermúdez, responsable de coordinar las acciones de seguridad en la provincia, también cuestionó la falta de una ordenanza que regule el uso del suelo y facilite los operativos contra inmuebles utilizados como burdeles clandestinos. “Llevo un año rogándole al Concejo Cantonal que apruebe una normativa para que los comisarios municipales nos puedan abrir los espacios y así ingresar junto con la Policía”, manifestó.

Bermúdez sostuvo que la derogatoria de la anterior ordenanza por el Concejo Cantonal durante la administración del alcalde suspendido Cristian Zamora, ha dificultado los controles. No obstante, indicó que mantuvo conversaciones con la alcaldesa subrogante, Marisol Peñaloza, quien —según afirmó— tiene la voluntad de impulsar nuevamente una normativa que permita fortalecer los operativos.

Pese a la falta de este instrumento jurídico, el gobernador aseguró que los controles continúan. Añadió que tanto en Cuenca como en el resto de la provincia del Azuay la Policía mantiene operativos permanentes y explicó que muchas de estas intervenciones no se difunden públicamente porque forman parte de la estrategia de seguridad.

La prioridad es tratar dos ordenanzas

La Comisión de Seguridad del Concejo Cantonal de Cuenca ha solicitado el tratamiento de dos ordenanzas. Se trata de la normativa de uso y control del suelo y la creación de un catastro de arrendatarios.

Jenny Bermeo, presidenta de la Comisión, informó que la semana anterior se solicitó, mediante un documento dirigido a la alcaldesa Marisol Peñaloza, que se retome el debate de la ordenanza de uso y control del suelo, derogada hace un año.

La edil explicó que esta normativa es una herramienta fundamental para los operativos que ejecutan la Intendencia, Policía Nacional, Gobernación del Azuay, así como las áreas municipales de Áreas Históricas y Control Urbano.

Bermeo agregó que también mantiene conversaciones con la alcaldesa subrogante para que ingrese a debate la ordenanza que permitirá crear un catastro de arrendatarios. Esta herramienta facilitaría conocer quiénes arriendan los inmuebles en Cuenca y cuál es el uso que se les está dando.

Por su parte, la concejal Mónica Pesantez, integrante también de la Comisión de Seguridad, coincidió en la importancia de estas dos normativas y destacó la necesidad de fortalecer operativos interinstitucionales permanentes para enfrentar actividades que generan inseguridad en los sectores urbanos.

• La Gobernación del Azuay asegura que mantiene reuniones con representantes de los barrios con el objetivo de coordinar acciones conjuntas y fortalecer las estrategias de seguridad en la provincia.
• Respecto a la consultoría para definir una posible zona de tolerancia en el cantón, el Municipio prevé iniciar nuevamente un proceso de contratación de los estudios técnicos que permitan establecer una ubicación adecuada.
• En el sector rural, el abigeato continúa como una de las principales preocupaciones de los habitantes, debido al incremento de robos de ganado registrados en diferentes comunidades.

DIARIO EL MERCURIO