Quito (Pichincha), 02 de septiembre de 2026.- Luego de que la Fiscalía General del Estado sustentara el inicio del proceso penal contra siete personas naturales y tres jurídicas, la Jueza que conoció el caso dictó medidas alternativas a la prisión preventiva para Carlos A., Simón M., Iván S., Genaro R., Juan M., Juan J. y Luis O. En su contra, dispuso presentaciones periódicas, uso de dispositivo de vigilancia electrónica y prohibición de salida del país.
Además, ordenó la retención e inmovilización de cuentas por 385.000 dólares, así como la prohibición de enajenar bienes. La instrucción fiscal se extenderá por treinta días más.
Para las tres personas jurídicas vinculadas —REYPEZPACIFICA S. A., REYSOLUTIONWAHS S. A. y TEKNHIKMEC S. A.—, la resolución contempla medidas cautelares de carácter real: retención, inmovilización y congelamiento de fondos de las cuentas en el Sistema Financiero Nacional, prohibición de enajenar bienes e intervención de la Superintendencia de Compañías.
El pedido de Fiscalía respecto de estas empresas se sustentó en la concurrencia de los riesgos procesales detallados en los elementos de convicción expuestos durante la audiencia, con el fin de evitar la obstaculización del proceso.
Origen de la investigación
El fiscal general del Estado (e), Leonardo Alarcón, xplicó que la investigación previa se inició a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de 2025, emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) respecto de Vicko Alfredo V. T. y varias personas jurídicas.
Tras la formulación de cargos contra varias personas naturales, efectuada el 3 y 4 de junio, la investigación permitió identificar una estructura que estaría organizada para obtener y beneficiarse sistemáticamente de fondos estatales mediante el abuso y la desnaturalización de garantías jurisdiccionales. Según Fiscalía, esta estructura estaría liderada por Vicko Alfredo V. T., alcalde del cantón Esmeraldas.
Los ahora procesados habrían actuado de manera conjunta y coordinada con servidores públicos, familiares y particulares, mediante el uso de estructuras estatales y empresariales, compañías, un consorcio y empresas fachada.
En este contexto, habrían incurrido en presunto lavado de activos con fines de cohecho y prevaricato, al ingresar a sus cuentas, de forma inusual e injustificada, aproximadamente 9 millones de dólares.
Este monto corresponde a la sumatoria de las indemnizaciones establecidas como pago en acciones de protección que contemplaban medidas de reparación económica por valores millonarios.
¿Quiénes fueron vinculados?
Los vinculados son Genaro R., Juan M., Juan J., Luis O. y Carlos A., quienes, a la fecha de los hechos investigados, se desempeñaban como jueces provinciales; Simón M., juez multicompetente de Atacames; e Iván S., particular.
Las tres compañías señaladas mantienen relación societaria y comercial con el alcalde de Esmeraldas.
Con esta vinculación, suman quince las personas naturales procesadas y se incorporan tres personas jurídicas a la causa.
Información jurídica
Fiscalía procesa este caso por el delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). (FGE)
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