Santa Ana (Manabí), 02 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra un adolescente de 17 años por su presunta participación en el asesinato de dos personas. Tras un operativo de búsqueda, el joven fue localizado en una casa de salud e ingresado a internamiento preventivo por disposición judicial.
El crimen ocurrió en el sector Horacio Hidrovo, en el cantón Santa Ana, donde dos personas fueron atacadas con armas de fuego en las afueras de su vivienda y fallecieron en el lugar. Luego de la alerta emitida al ECU 911, agentes policiales acudieron a la escena y recabaron los primeros testimonios de familiares y vecinos.
Con la información recolectada, la Policía activó un operativo que permitió rastrear e identificar a uno de los sospechosos en un centro médico cercano, donde recibía atención por una herida de bala. Al verificar que sus características coincidían con los testimonios recopilados, el adolescente fue aislado y puesto a disposición de la Fiscalía.
Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la Fiscalía presentó el parte policial con los testimonios recabados, las declaraciones de los agentes aprehensores y el informe de inspección ocular técnica, en el que se registra la fijación de 23 vainas percutidas. A estos elementos se sumaron dos teléfonos celulares, prendas de vestir incautadas durante la aprehensión, las actas de levantamiento de los cadáveres y los protocolos de autopsia que confirmaron que las muertes fueron causadas por impactos de bala.
Adicionalmente, la Fiscal del caso ordenó la práctica inmediata de nuevas diligencias y toma de versiones para reforzar la investigación. Con base en los elementos expuestos, el juez acogió el pedido institucional, dictó el internamiento preventivo del procesado y fijó un plazo de 30 días para la instrucción fiscal.
Información jurídica
El delito de asesinato está tipificado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con una pena privativa de libertad de 26 a 30 años. Por tratarse de un menor de edad, las consecuencias jurídicas se rigen bajo el régimen especializado del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. (FGE)
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