Quito (Pichincha), 6 de noviembre de 2026.- Trece personas son procesadas por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de extorsión, secuestro extorsivo y asesinato. Los procesados fueron detenidos la madrugada del 5 de noviembre, durante un operativo ejecutado por Fiscalía y la Policía Nacional en Guayas, Pichincha, Azuay y Los Ríos. Según la investigación, serían integrantes del grupo delictivo “Los Lobos”.
La investigación previa comenzó el 13 de febrero de 2026, a cargo de la Unidad Especializada de Investigaciones contra la Delincuencia Organizada (Unidot-G), tras recibir información de la Unidad Nacional de Investigaciones Antidelincuenciales (UIAD) sobre un grupo estructurado que operaría en varias provincias del país.
Con los elementos recabados, Fiscalía solicitó las órdenes de captura de los sospechosos. En el operativo participaron veinte agentes fiscales y sus respectivos equipos, que ejecutaron veinticinco allanamientos en las cuatro provincias. Durante las intervenciones se incautaron armas de fuego, municiones de distintos calibres, alimentadoras, dispositivos móviles y vehículos, entre otros indicios.
Según las investigaciones, la organización habría sido liderada por alias “La O”, presunto cabecilla de “Los Lobos”. Sus integrantes habrían atentado contra la vida de miembros de otras agrupaciones delictivas, ciudadanos y comerciantes, así como de personas que, según la investigación, interferían en sus intereses económicos y de poder.
Las diligencias permitieron identificar a los presuntos integrantes, sus domicilios y su modus operandi. La estructura habría estado organizada para cometer delitos contra la inviolabilidad de la vida, extorsiones y secuestros extorsivos, entre otros.
Los investigados habrían participado en la muerte de dieciséis personas. Después de cometer los crímenes, grababan videos y los difundían en redes sociales. En uno de ellos se observaría la decapitación de una víctima. Además, mediante videos y audios amenazaban con cometer actos similares contra integrantes de otros grupos si no cumplían sus exigencias de dinero y drogas.
En los videos extraídos de los teléfonos celulares de los procesados también se observarían cortes y mutilaciones a víctimas de secuestro extorsivo. Asimismo, en las cuentas bancarias de algunos investigados se identificaron depósitos inusuales que, presuntamente, corresponderían al cobro de extorsiones.
Las interceptaciones telefónicas permitieron establecer que los integrantes de la organización presionaban a testigos que los señalaban dentro de procesos judiciales. También se identificaron conversaciones sobre negociaciones relacionadas con el tráfico de drogas. Los recursos provenientes de estas actividades ilícitas habrían servido para financiar la estructura y superarían los cinco millones de dólares.
En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada por vía telemática, el Fiscal de la Unidot-G presentó los elementos de convicción recabados durante la investigación. Entre ellos constan informes investigativos, partes de detención, indicios levantados en los allanamientos, informes de seguimiento y vigilancia, así como análisis técnicos de explotación, correlación e interceptación telefónica.
El Juez especializado para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, con sede en Quito, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los trece procesados: Óscar I. C., Roger C. G., Luis V. V., Sahiro G. G., Santiago C. S., Yahier C. H., Luis L. V., Jefferson R. S., Antony V. S., Johanna O. A., Geoconda V. B., Néxar M. L. y Gary C. O.
Otro procesado
Por otra parte, durante los allanamientos también fue aprehendido Hernán I. R., a quien se le encontró un arma de fuego. Fue puesto a órdenes de la autoridad judicial y presentado en una audiencia de flagrancia en la Unidad Judicial Multicompetente de Quevedo. El Juez acogió parcialmente el pedido de Fiscalía y dictó medidas cautelares de presentación periódica ante el Fiscal del caso y prohibición de salida del país.
La instrucción fiscal durará noventa días.
Información jurídica
Fiscalía procesa esta causa con base en el primer inciso del artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años. (FGE)
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