La jueza federal Christina A. Snyder, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, dictó una orden judicial permanente que prohíbe al Estado de California, a Gavin Newsom en su calidad de Gobernador de California y a Rob Bonta en su calidad de Fiscal General de California, hacer cumplir las leyes de California que regulan a los agentes y agencias federales del orden público. La orden prohíbe de forma permanente la aplicación de las Secciones 7288 y 7289 del Código de Gobierno de California y las Secciones 185.5 y 13654 del Código Penal de California contra los Estados Unidos, los agentes federales del orden público y las agencias federales del orden público. El tribunal dictó la orden judicial permanente como parte de la resolución final de la demanda presentada por los Estados Unidos contra el intento inconstitucional de California de regular las operaciones de las fuerzas del orden público federales.
La demanda del Departamento alegaba que las leyes de California interferían ilegalmente con las operaciones de las fuerzas del orden federales al restringir la capacidad de los agentes federales para proteger su identidad y desempeñar sus funciones oficiales. Según el Departamento, dichas restricciones amenazan la seguridad de los agentes federales, quienes han enfrentado una ola sin precedentes de acoso, divulgación de información personal e incluso violencia. Las restricciones que impiden a los agentes federales tomar las medidas adecuadas para protegerse a sí mismos y a sus familias también dificultan la aplicación de la ley federal y comprometen operaciones policiales delicadas.
«La orden judicial permanente emitida hoy confirma un principio constitucional fundamental: los estados no tienen autoridad para regular al Gobierno Federal ni para dictar cómo los agentes federales del orden público desempeñan sus funciones oficiales», declaró el Fiscal General Adjunto Stanley E. Woodward, Jr. «La Constitución no permite que los estados interfieran en las operaciones federales ni pongan en riesgo a los agentes federales ni a sus familias. Esta orden judicial garantiza que los agentes federales del orden público puedan seguir cumpliendo sus importantes misiones sin injerencias estatales ilegales».
«Esta orden judicial permanente protege tanto la supremacía de la ley federal como la seguridad de los agentes federales del orden», declaró Jonathan D. Guynn, Fiscal General Adjunto Interino de la División Civil del Departamento de Justicia. «El Gobierno Federal, no los estados, es quien decide qué equipo pueden usar los agentes federales y qué medidas pueden tomar para protegerse mientras desempeñan sus funciones oficiales. El Departamento seguirá impugnando las leyes estatales y locales que regulan ilegalmente las operaciones federales».
La orden judicial prohíbe permanentemente a California aplicar las leyes impugnadas contra el gobierno federal y las fuerzas del orden de Estados Unidos, y conserva la jurisdicción para implementar y ejecutar la sentencia definitiva. La demanda fue desestimada con carácter definitivo conforme al acuerdo final entre las partes.
La fiscal general Blanche ha instruido a la División Civil del Departamento para que identifique las leyes, políticas y prácticas estatales y locales que facilitan las violaciones de las leyes federales o que obstaculizan las operaciones federales legítimas. Esta orden representa el último éxito en los esfuerzos del Departamento por impugnar las medidas estatales y locales ilegales diseñadas para regular las operaciones de las fuerzas del orden federales. Mediante este litigio, el Departamento reafirma que las operaciones de las fuerzas del orden federales no pueden verse comprometidas por medidas estatales o locales que violen la ley federal.

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