QUITO.- La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral recomienda a la Fiscalía General del Estado aplicar las reformas a la ley orgánica de extinción de dominio y ejecutar sus competencias en contra de propiedades o activos sin justificación relacionados con el crimen organizado, así como en delitos flagrantes vinculados a grupos delictivos organizados.
Los comisionados aprobaron el informe no vinculante respecto al informe anual de labores 2023 que presentó la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en la Asamblea Nacional. El informe se aprobó este miércoles, 13 de marzo, con 5 votos a favor.
En torno a la aplicación de los procesos de extinción de dominio los legisladores determinaron que no se evidencia un desarrollo direccionado a la ejecución o labores correspondiente a la Unidad para la Investigación Patrimonial sobre Extinción de Dominio, que es aquella unidad encargada de investigación patrimonial sobre extinción de dominio y su equipo de trabajo de agentes de la Policía Nacional de la unidad de Extinción de Dominio; no obstante, añade el informe, se ha podido verificar un fortalecimiento de conocimiento, elaboración de manuales de procesos y protocolos, cooperación internacional, capacitaciones, mesas de trabajo con distintas instituciones del Estado.
El informe destaca la optimización y ejecución del presupuesto asignado a la institución pública al haberse ejecutado hasta el 31 de diciembre de 2023 un porcentaje equivalente a 99,34 %, que en dinero representó alrededor $ 144′756.694,72 que fue utilizado en cada uno de los departamentos de Fiscalía General del Estado; tanto de sus 3.796 servidores, puntos de atención a nivel nacional y creación de nuevas fiscalías.
Además, se recomienda a la Fiscalía General del Estado que amplíe su enfoque para incluir otros tipos de violencia, como la física, sexual, económica y patrimonial. Esto proporcionará una visión más completa y precisa de la realidad que enfrentan mujeres y miembros del núcleo familiar. La individualización de datos permitirá una comprensión más profunda de los distintos tipos de violencia, facilitando la implementación de políticas específicas y la asignación de recursos adecuados por parte de otras instituciones. Se sugiere fomentar la colaboración entre la Fiscalía General del Estado y otras instituciones, como organismos de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y agencias gubernamentales, para garantizar una respuesta integral y coordinada a la violencia de género y familiar.
Sobre la efectividad se evidencian estadísticas que reflejan la cantidad de requerimientos atendidos por la Fiscalía General del Estado, proporcionando una idea cuantitativa de su labor. Sin embargo, se sugiere establecer mecanismos de medición referente al trato brindado a los usuarios. Es importante que se evidencie la calidad de la atención y el soporte para resolver los conflictos de ciudadanos que solicitan el servicio acudiendo a la Fiscalía General del Estado.
La información sobre la generación de conocimiento que ha realizado la Fiscalía General del Estado, con base en el informe remitido, es amplia, indicando que se han realizado estudios, proyectos, publicación de boletines informativos, estudios técnicos, eventos, entre otros; por lo que para mejorar esta colaboración es necesario reforzar los lazos de cooperación y coordinación de las autoridades estatales, academia, expertos y ciudadanía con el propósito de alcanzar un eje colaborativo eficaz, que trascienda a todos los sectores de la sociedad.
La implementación de canales digitales para la recepción de denuncias por hurto y robo es, efectivamente, una medida ágil que facilita la tramitación de estos delitos. Sin embargo, los asambleístas señalan en su informe que es importante realizar un seguimiento y que el ente titular de la acción penal informe datos precisos sobre la prosecución de estas causas, es decir, si en efecto se presentó un número determinado de denuncias en línea, cuántas denuncias se encuentran en investigación previa, o cuántas de ellas han avanzado a etapa de formulación de cargos, evaluatoria y preparatoria de juicio; esto, con la finalidad de tener una visión integral entre la denuncia y sus resultados. (DIARIO CORREO)
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