Lo que se conoce públicamente del Plan Fénix es casi nulo, según Fernando Carrión, experto en seguridad. Aunque reconoce que es necesario mantener puertas adentro las estrategias, advierte que no hay señales hacia la sociedad de lo que se está haciendo y eso es preocupante.
Fernando Carrión, experto en seguridad, indicó:
“Que se le dice a los Municipios, que se les dice a los del sistema de transporte, a los medios de transporte colectivos, que se les dice a las Cámaras de la Producción, que se les dice al sistema educativo, al sistema universitario, pues no se les dice absolutamente nada, porque, porque no hay una propuesta con respecto a eso; porque no hay un punto de partida a través del cual una pueda decir esto está inscrito en el plan, estos son los objetivos, estás son las metas, por aquí vamos a caminar”.
Recuerda que para que una estrategia sea efectiva debe ser planificada, y en este caso no se ve un plan sólido, más allá de poner elementos de la fuerza pública en las calles.
Eso explica el comportamiento de la delincuencia en el país, según Carrión:
“Es que cuando se focalizan las acciones, pues hay territorios que quedan liberados y eso produce lo que muchos lo llaman el efecto globo o en México le llaman el efecto cucaracha, es decir, que se va del lugar donde le están presionando hacia otro lugar”.
El analista e investigador de temas de seguridad, Diego Pérez, diferencia lo que el gobierno intenta hacer con el mencionado, Plan Fénix, con lo que se aplicó en Colombia enfrentando a la guerrilla o en México contra los cárteles.
Cree que la falta de estructura lo debilita.
“No hay una perspectiva clara sobre que es lo que implica, sobre si efectivamente existe, cuáles son sus dimensiones, qué implica identificar las líneas de tensión, e implica fortalecer las organizaciones de inteligencia, implica reestructurar las dinámicas de seguridad del país y eso no ha sucedido todavía”.
Según los analistas, el costo de la violencia en el país y lo que se mueve por lavado de dinero bordea los USD 6 mil millones. Una cifra que duplica a lo presupuestado por el Gobierno para combatirla. (ECUAVISA)
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