Quito (Pichincha), 27 de febrero de 2026.- La Fiscalía General del Estado demostró la participación de cinco personas en el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
Christian Francisco R. D., Franklin René Q. P., Melany Anahí V. A. y Luis Jonathan Y. C. fueron sentenciados a treinta y cuatro años y ocho meses de privación de libertad, mientras que Miguel Ángel M. R. recibió una pena de diecinueve años.
A los cuatro primeros, el Fiscal del caso los acusó conforme al artículo 220, numeral 1, literal d, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el tráfico a gran escala. En cuanto al último procesado, se aplicó el literal c (alta escala), por lo que la pena impuesta fue menor.
Durante la audiencia de juicio, Fiscalía expuso que el 26 de marzo de 2025, Miguel Ángel M. R. fue aprehendido mientras circulaba en motocicleta por el sector de La Roldós, en el noroccidente de Quito.
En su poder se encontraron 498,63 gramos de marihuana. El procesado indicó a los policías que la sustancia ilícita le fue entregada en un inmueble ubicado en el sector de Cadzuquí de Velasco.
Ante este hecho flagrante, los uniformados allanaron el inmueble, donde funcionaba una supuesta clínica de rehabilitación para adicciones que operaba clandestinamente y sin permisos.
Según los testimonios policiales, en ese lugar Christian Francisco R. D., Franklin René Q. P., Melany Anahí V. A. y Luis Jonathan Y. C. fueron sorprendidos ocultando más bultos de marihuana. El peso total de la droga incautada en el sitio fue de 17 kilos con 190 gramos.
Para el Tribunal de Garantías Penales, la acusación fiscal prevaleció sobre los argumentos de la defensa, que no logró desvirtuar la responsabilidad de los sentenciados.
Además, los jueces aplicaron a cuatro de ellos la circunstancia agravante prevista en el artículo 47, numeral 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP): “cometer la infracción con participación de dos o más personas”.
Información jurídica
El tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización a gran escala se sanciona con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años; en alta escala, la pena es de diecinueve a veintidós años, conforme al COIP. (FGE)
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