Tena (Napo), 17 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado procesa a sesenta personas dentro de una causa por el presunto delito de actividad ilícita de recursos mineros, en el sector de Yutzupino, cantón Tena.
Durante la audiencia de formulación de cargos, que se extendió por más de dieciséis horas continuas, el fiscal de la Unidad Especializada para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente y los Derechos de la Naturaleza presentó elementos de convicción, tanto individuales como comunes, que sustentan el inicio de la instrucción fiscal, fijada en noventa días.
Entre los setenta y dos elementos comunes expuestos consta un informe ejecutivo sobre las actividades de minería ilegal en Yutzupino. Este documento recoge hallazgos obtenidos mediante sobrevuelos con drones, que evidencian la alteración del suelo y de los cursos de agua, la acumulación de residuos, la intervención en zonas de protección hídrica, el almacenamiento de combustibles, la formación de piscinas producto de la actividad minera y el vertido de aguas contaminadas en el dominio hídrico público, “ejecutado de forma antitécnica y sin los permisos correspondientes”, precisó el Fiscal a cargo del caso.
Asimismo, Fiscalía incorporó versiones recabadas durante la investigación previa. Un dirigente comunitario señaló: “fue indignante ver la invasión de más de ochenta excavadoras que venían de distintas partes del país, incluidos operadores locales, que se apoderaban del territorio y dominaban comunidades para fomentar actividades ilícitas”.
Por su parte, una dirigente indígena indicó que “las comunidades obtenían beneficios económicos por permitir el ingreso de maquinaria”. En otro relato, un agente turístico manifestó que el incremento de maquinaria y personas en la zona fue progresivo y que colectivos ambientales monitoreaban el sector cada 48 horas, reportando la contaminación de los ríos.
El informe pericial de microscopía electrónica de barrido determinó que las muestras de agua tomadas en los ríos afectados contienen mercurio, aluminio, silicio, hierro, oro y plata.
Los sesenta procesados, con edades entre 25 y 70 años, quedaron sujetos a medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentaciones periódicas. Además, se dispuso la prohibición de enajenar la maquinaria y su retención.
Megaoperativo de febrero de 2022
Fiscalía informó que, en el marco de la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal —actual Comité Nacional de Integridad del Sector Minero—, se identificó la presencia de cerca de 200 excavadoras y entre 600 y 800 personas dedicadas a la explotación ilícita de recursos mineros en las riberas de los ríos Anzu y Jatunyacu, en zonas de bosque nativo.
Para estas actividades se habrían utilizado excavadoras, clasificadoras tipo “Z”, motobombas, motores de succión, dragas artesanales, generadores eléctricos y tanques de combustible.
El 12 de febrero de 2022, el Estado ecuatoriano movilizó a más de 1.000 funcionarios de instituciones como Arcom, los ministerios de Ambiente y de Transporte y Obras Públicas, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Operaciones de la Policía Nacional.
Entre el 13 y el 25 de febrero de 2022 se ejecutaron cuarenta y dos allanamientos en puntos específicos, definidos a partir de sobrevuelos con drones. En estas intervenciones se levantaron indicios vinculados al delito investigado.
Durante su intervención, el Fiscal señaló que, tras la acción estatal, los involucrados habrían intentado mover maquinaria y otros indicios vinculantes para evadir las acciones de control.
Información jurídica
Este caso se procesa con base en el artículo 260 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). (FGE)
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