Seis alcaldes procesados en Ecuador: Fiscalía investiga perjuicios de hasta USD 100 millones

Los perjuicios económicos al Estado en los procesos judiciales contra alcaldes en Ecuador van desde los USD 49 545 hasta los USD 100 millones. Esto según las cifras de la Fiscalía General expuestas durante las distintas audiencias y expedientes judiciales.

El monto más bajo es contra René Castillo Ortiz, alcalde del cantón El Tambo (Cañar), que fue detenido la madrugada del martes 4 de julio de 2026 por presunto peculado. Mientras que los valores más altos se atribuyen a los casos contra Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, quien tiene dos procesos con perjuicios por USD 61.5 millones y USD 100 millones.

Además de ellos, penalmente han sido procesados los alcaldes Vicko Villacís, Ángela Plúa, Darío Macas y José Arroyo Cabrera. Han sido acusados por distintos delitos como peculado, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, comercialización ilegal de combustibles o asociación ilícita. Ecuavisa.com revisó los movimientos económicos y valores reportados en las investigaciones en su contra.

Alcalde del cantón El Tambo, procesado por un contrato por USD 49 545

El Tambo es un cantón de Cañar con menos de 10 000 habitantes. Su alcalde es René Castillo Ortiz, quien ahora tiene prisión preventiva luego de que la Fiscalía formulara cargos en su contra por presunto peculado. Un concejal y un promotor artístico también fueron detenidos por la Policía.

Según datos de la Fiscalía General del Estado, existe un perjuicio económico de USD 49 545 para el municipio. La investigación se relaciona con una denuncia por la organización de un concierto por los 33 años de cantonización en enero de 2024, para el que se emitieron 3 200 boletos.

El espectáculo contó con artistas nacionales y extranjeros. El presupuesto referencial era de USD 50 000 sin IVA. Dentro del proceso penal, se acusó también al promotor de eventos al que se adjudicó el contrato.

Sin embargo, el abogado del alcalde manifestó que el informe de Contraloría en que se habría basado la Fiscalía, señala un monto de USD 5 047 que no estaría justificado. Dijo que los elementos presentados “no demostrarían la existencia de un delito consumado”.

Por ahora, un juez dictó prisión preventiva contra René Castillo, el concejal y el promotor artístico. Se desconoce a qué centro carcelario fueron enviados. En la Función Judicial tampoco se hace público aún el proceso penal.

La compra de palmeras y otros contratos por USD 448 623 en Pujilí

José Alcides Arroyo Cabrera es el alcalde de Pujilí. Fue el primero de los funcionarios en ir a la cárcel mientras dura el proceso penal en su contra.

En agosto de 2025, la Fiscalía lo detuvo por presunto peculado en la compra de palmeras y otras obras de regeneración de esa ciudad de Cotopaxi. De hecho, los cinco contratos firmados en 2024 que se investigaron suman un perjuicio por USD 448 623.

Hay 18 procesados en total dentro del denominado caso Ornato Municipal. Cuatro de ellos habían suscrito contratos con el cabildo, según la plataforma del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). El más alto se había adjudicado a una de las procesadas para la compra de plantas.

Entre los acusados constaban también los contratistas de las obras, incluso algunos tenían contratos con cantones de otras provincias.

El alcalde Arroyo está recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, donde fue trasladado en noviembre de 2025. Ha intentado apelar la medida, pero el recurso ha sido negado.

En junio de 2026, una jueza lo llamó a juicio. La primera audiencia iba a realizarse el 10 de julio, pero no se instaló. En el sistema de la Función Judicial no consta aún fecha para la próxima diligencia.

Alcalde Darío Macas tuvo ingresos por USD 2,7 millones

Entre los alcaldes investigados por montos altos, está Darío Macas de Machala. Él fue detenido la madrugada del 6 de julio de 2026 por presunto enriquecimiento ilícito. Estaba en su casa cuando los uniformados llegaron y se lo llevaron.

Su esposa y una amiga cercana también fueron aprehendidas y procesadas dentro del caso denominado Muralla. Según la Fiscalía, el patrimonio de Macas y su pareja incrementó a USD 6 millones desde 2019, presuntamente de manera irregular, desde que él asumió sus funciones como alcalde.

Desde ese año hasta 2025, Macas recibió un total de USD 300 000 correspondiente a la sumatoria de su sueldo. Sin embargo, en cuentas bancarias habría registrado un flujo de USD 2,7 millones.

Casi al mes de la audiencia de formulación de cargos, se hizo público el proceso judicial. En la diligencia se confirmó que Macas y su esposa habrían movido USD 6 millones entre 2019 y 2025. Habría una diferencia de USD 5.6 millones que no estaría justificada según la Fiscalía entre ambos.

La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) registró movimientos bancarios de Macas por USD 2,7 millones, aunque el SRI reportó USD 2,2 millones.

Para la Fiscalía, el mecanismo de circulación de fondos consistió en la emisión de cheques a su favor desde una cuenta corriente personal. También habría declarado dos préstamos provenientes de dos personas.

Actualmente, Macas cumple prisión preventiva en la cárcel regional Cotopaxi.

Irregularidades en emisión de licencias derivaron en proceso contra alcaldesa de Jipijapa

Por presunta delincuencia organizada fue detenida la alcaldesa de Jipijapa (Manabí), Ángela Plúa. El pasado 25 de junio de 2026, la Policía allanó su vivienda y otras dependencias municipales en el marco de una investigación penal.

Ella supuestamente era parte de una red vinculada a la emisión irregular de documentos de tránsito y la facilitación de trámites vehiculares. El caso se denominó Digitador y derivó en la prisión preventiva contra Plúa.

Según la Fiscalía, la red estaba integrada por tramitadores y funcionarios que ofrecían servicios irregulares para obtener licencias y otros documentos. Los pagos que pedían oscilaban entre los USD 100 y USD 150. El Ministerio Público calculó un perjuicio al Estado de USD 5 millones.

10 de los 12 implicados apelaron a la prisión preventiva, entre ellas la alcaldesa. La audiencia se realizará el 7 de agosto de 2026.

Pruebas de Fiscalía en caso contra alcalde Vicko Villacís

El caso contra el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, se denominó Blindaje. El nombre estaría relacionado con la forma con la que supuestamente la red vinculada al funcionario movía parte del dinero: en vehículos blindados.

Villacís fue procesado por presunto lavado de activos. La estructura de corrupción distribuyó USD 17 millones pagados por Petroecuador a 96 extrabajadores de Esmeraldas que fueron despedidos. Además de los vehículos blindados, se usaron empresas relacionadas, transferencias a terceros y operaciones financieras complejas.

Solo el Alcalde habría tenido un monto de USD 1,4 millones, de los USD 7 millones en transferencias que tiene la Fiscalía como parte de las pruebas.

La investigación reveló además el incremento inusual en el patrimonio de Villacís durante su primer año como alcalde. En su declaración patrimonial de inicio de gestión declaró activos por USD 1,8 millones y deudas por USD 379 mil.

El siguiente año, declaró USD 4,6 millones de activos y USD 373 mil en pasivos, es decir, USD 4.3 millones en patrimonio. La jueza Silvana Velasco calculó que es un incremento del 192 %, USD 2,7 millones en un año.

Casos contra Aquiles Álvarez acumulan un perjuicio por USD 161,5 millones

En los expedientes de los seis alcaldes procesados, los montos de perjuicios económicos más altos son en los casos Triple A y Goleada, en los que está imputado Aquiles Álvarez.

De acuerdo a la Fiscalía, hubo un perjuicio por USD 61,5 millones por la supuesta comercialización ilegal de combustible, vinculado al alcalde de Guayaquil y empresas ligadas. La investigación inició en 2024 y para 2025, él fue procesado.

Supuestamente, el esquema societario adquiría combustible subsidiado del sector automotriz para venderlo al industrial y naviero. Se habrían desviado 22 millones de galones, cuyo total es el de los USD 61,5 millones.

El caso derivó en un juicio. El Tribunal Penal se encuentra en etapa de deliberación y aún no se conoce fecha para la lectura de la sentencia.

A la par, en febrero de 2026, Álvarez fue procesado por lavado de activos en el caso Goleada. La investigación se desprende de los supuestos beneficios económicos obtenidos por la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos.

Según la Fiscalía, el perjuicio económico en este caso es por USD 100 millones. La red vinculada al alcalde habría adquirido propiedades, empresas, vehículos y hasta traspasado acciones. Incluso se mencionaron en una de las audiencias de apelación, préstamos por USD 2 millones a un equipo de fútbol. En esta investigación aún no hay audiencia preparatoria de juicio, pues han sido diferidas por diversas causas. (ECUAVISA)