Santo Domingo (Santo Domingo de los Tsáchilas), 26 de agosto de 2026.- Fiscalía inició un proceso penal contra seis personas, luego de haber recabado elementos de convicción suficientes que darían cuenta de su presunta participación en el delito de extorsión.
Los procesados son Laura Silvana R. D., Carlos Andrés G. R., Luis Raúl V. P., Luis Guillermo Z. G., Mayerli Abigail C. T. y Pedro Pablo Z. G.
El hecho ocurrió el 19 de agosto de 2026, en Santo Domingo. Agentes policiales recibieron la alerta de un ciudadano, quien habría recibido mensajes de intimidación en su teléfono celular, en los que se le exigía el pago de 10.000 dólares a cambio de no atentar contra su vida, la de su familia y su negocio.
El afectado habría efectuado cuatro depósitos, por valores inferiores al monto exigido, en cuatro cuentas bancarias indicadas por los presuntos extorsionadores. Ante el temor de que se le exigiera el pago del saldo restante, alertó a la Policía Nacional.
Tras la alerta recibida, los agentes iniciaron las primeras diligencias investigativas y establecieron la posible ubicación de los involucrados. Así, ejecutaron un operativo en Santo Domingo, donde fueron aprehendidas cuatro personas, mientras que otras dos fueron aprehendidas en Esmeraldas.
Durante los registros corporales se encontraron seis teléfonos celulares, que fueron recabados como indicios relacionados con el delito investigado e ingresados en cadena de custodia.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal de turno presentó como elementos de convicción la versión de la víctima, las versiones de los agentes aprehensores, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y de las evidencias, así como capturas de los presuntos mensajes extorsivos y de los depósitos bancarios efectuados por el afectado.
Al finalizar la diligencia, el Juez de la Unidad Judicial Penal que conoció la causa dictó prisión preventiva para los seis procesados. Al tratarse de un delito flagrante, se inició una instrucción fiscal por treinta días.
Además, se dispusieron las medidas de protección previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), entre ellas, la prohibición de concurrir a determinados lugares, de acercarse a la víctima y de realizar actos de persecución o intimidación en su contra, así como la extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima.
Información jurídica
Fiscalía formuló cargos por el delito de extorsión, tipificado en el artículo 185, inciso primero, en relación con el inciso tercero, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece una pena privativa de libertad de siete a diez años. (FGE)
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