QUITO.- “Al haber transcurrido más del triple del tiempo que la Ley determina para el señalamiento de la audiencia de formulación de cargos” solicitada contra el exvicepresidente Jorge Glas y los exfuncionarios públicos Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico, por el delito de peculado, la Fiscalía General recusa al juez nacional Luis Rivera, quien estaba a cargo de la causa.
El 1 de junio pasado, la fiscal general, Diana Salazar, solicitó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) una fecha para revelar en audiencia los elementos de convicción que mantiene para formular cargos contra los tres exfuncionarios del correísmo, una vez que se habrían determinado hechos que configurarían un acto de corrupción relacionado con el delito de peculado en una obra vial, parte de la reconstrucción de Manabí, luego del terremoto de 2016.
Para el 12 de julio último el juez Rivera convocó a una audiencia, la cual finalmente no se concretó. Desde ese momento no existe una fecha para la diligencia, pese a que han pasado ya 49 días desde el pedido hecho por Salazar.
“El debido proceso y su validez es responsabilidad de todas las partes procesales, siendo la Fiscalía General del Estado la titular de la acción penal y la llamada a dirigir sus actuaciones con especial atención al interés público al haber transcurrido más del triple del tiempo que la Ley determina para el señalamiento de la audiencia de formulación de cargos (…), recuso al juez Luis Antonio Rivera”, se explica en el convento en el que se anexan las pruebas de lo que afirma la Fiscalía.
“En 2019 la Contraloría General determinó la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Colisa, de 22 kilómetros, por más de $ 68 millones, fondos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad. Por esa razón la Fiscalía abrió una investigación previa”, señaló Salazar en un video en el que se informaba del pedido de fecha para formular cargos.
En su explicación, la fiscal general recordó que el 16 de abril de 2016 Ecuador sufrió uno de los desastres naturales más devastadores de su historia reciente: el terremoto de Manabí, y para ese tema el Gobierno de la época -el de Rafael Correa- conformó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y posteriormente se emitió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana.
Diana Salazar sostiene que este proyecto, pese a que no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad: emergencia, reconstrucción y reactivación, fue adjudicado el 30 de marzo de 2017 y fue establecido como prioritario, sin tomar en cuenta que existían 587 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto.
Por sorteo la causa recayó en manos de Luis Rivera, juez nacional que fue parte del Tribunal de Apelación que, en noviembre de 2022, declaró la nulidad en el denominado caso Singue, en el cual uno de los procesados por peculado era Glas, y quien, el 19 de junio pasado, sobreseyó a los 18 procesados por peculado en el conocido caso helicópteros Dhruv. (DIARIO CORREO)
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