Quito (Pichincha), 24 de abril de 2024.- Un hombre de 50 años vivió las peores 48 horas de su vida. Ese fue el tiempo que permaneció cautivo en un inmueble, bajo custodia de una organización delictiva que pedía dinero a cambio de liberarlo vivo.
Por estos hechos –que ocurrieron el 25 de abril de 2023–, Fiscalía procesó y llevó a juicio a Andrés Alberto B. O., Óscar Andrés B. O., Jean Carlo S. L., Yoelvis Alberto R. M. y Justin José B. M.
Sobre la base de las pruebas presentadas por la Fiscal Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional, el Tribunal que conoció la causa sentenció a los tres primeros a una pena privativa de la libertad de diecisiete años y cuatro meses, tras haberlos hallado culpables –en calidad de coautores– del delito de secuestro extorsivo.
Los otros dos procesados fueron condenados a cinco años y nueve meses de cárcel, como cómplices de la misma infracción penal.
En la audiencia de juicio, Fiscalía probó que el 25 de abril de 2023, la víctima fue abordada mientras conducía su vehículo. Tres personas que viajaban en otro automotor lo interceptaron y –con amenazas y golpes– lo obligaron a ocupar el piso de la parte posterior del automotor.
Maniatado y con los ojos vendados, fue llevado hasta un inmueble. Ahí, el hombre de 50 años logró identificar voces femeninas y los alias de sus captores.
En su testimonio anticipado –reproducido como prueba en el juicio–, narró que intentó mantener una actitud tranquila y amistosa con sus “verdugos”, pero que esa estrategia no le sirvió como hubiera pensado, porque fue objeto de humillaciones y agresiones. Además, al mismo tiempo, sus captores pedían a su familia dinero para dejarlo libre.
Los criminales le quitaron el teléfono celular y accedieron a su cuenta bancaria. Así se enteraron de que tenía casi 60.000 dólares. Entonces, llamaron a su esposa para pedirle esa suma de dinero.
La mujer, que también testificó por pedido de Fiscalía ante el Tribunal, dijo que –antes de enterarse del secuestro– ella sospechó que algo no andaba bien, porque su esposo nunca se demoraba más de las 22:00 para llegar a casa y que, esa noche, eran las 23:00 y no tenía noticias de él.
Su intuición –dijo– la llevó a bloquear las cuentas de su esposo. Eso impidió que los criminales puedan manipular el dinero.
Al poco tiempo recibió las llamadas extorsivas, a través de las cuales le exigieron fuertes sumas de dinero. En medio de su desesperación, la familia acordó con los criminales un monto: 1.500 dólares.
Siguiendo la instrucción de uno de los secuestradores, la esposa del afectado fue a una agencia de depósito de remesas. El dinero debía ser destinado a una cuenta en Colombia.
El caso llegó a conocimiento de Fiscalía y, con la colaboración de los agentes de la Unidad Antisecuestro y Extorsión de la Policía (Unase), se practicaron diligencias con la familia de la víctima, con el fin de conseguir una exitosa liberación y dar con los secuestradores.
Tras el depósito del dinero, los captores indicaron que la liberación se daría la tarde del 27 de abril de 2023, cerca de un supermercado en el sector de Nueva Aurora, en el sur de Quito.
Tal y como se había acordado, la víctima fue abandonada en la vía pública. Sus familiares lo embarcaron en un taxi. Él estaba en shock, no respondía a estímulos y permanecía callado. Rompió el silencio al llegar a su casa, ahogándose en llanto, bajo el consuelo de sus seres queridos.
Poco después de la liberación, Fiscalía dirigió un operativo junto a los agentes de la Unase y capturaron a los procesados. Además, el vehículo de la víctima fue recuperado.
Los testimonios de los agentes de la Unase, así como el rendido por el Gerente regional de la empresa receptora de remesas, quien confirmó el depósito de 1.500 dólares; junto al resto del conjunto probatorio expuesto por Fiscalía, convencieron a los jueces de la responsabilidad de los cinco procesados en el delito.
Información jurídica
El caso fue sentenciado con base en el artículo 162, incisos primero y segundo, numerales 2 y 9, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), pues se cumplieron las condiciones impuestas por los secuestradores y, además, el hombre fue víctima de torturas físicas y psicológicas.
Los jueces aplicaron la circunstancia agravante del artículo 47, numeral 5, de la misma norma: “cometer la infracción con participación de dos o más personas”. (FGE)
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