Adrián Castro, asambleísta por el movimiento oficialista ADN brindó más detalles sobre las supuestas irregularidades en la contratación de radares.
Lo hizo durante una entrevista en vivo en Noticias Manavisión este martes 4 de junio del 2024.
Ese mismo día, en la mañana, las autoridades nacionales anunciaron que 39 radares a nivel nacional dejarán de multar.
Los equipos se encuentran en tres provincias del país. Castro denunció irregularidades en el concurso y manejo de radares en Ecuador.
“Gracias a mi fiscalización se ha detenido a tiempo un negocio millonario. Llamó la atención la cantidad de radares que estaba previsto por instalarse”, dijo durante la entrevista.
El legislador también indicó que estos contratos se firmaron por una duración de doce años.
Cuestionó además, que tres de los radares que están funcionando en la provincia de El Oro.
El asambleísta señaló que cómo es posible que con apenas cuatro meses estos equipos hayan emitido multas por el valor de un millón y medio de dólares.
El legislador alertó sobre procesos irregulares de contratos a escala nacional que estarían beneficiando a los consorcios Seviecu y Ecuatransit.
“Estos radares emitían multas exorbitantes estafando a la ciudadanía”, indicó en un comunicado el Gobierno Nacional.
Además, en el documento, la Presidencia recalcó que “el contrato de delegación de radares en las vías fue gestionado en el gobierno de Guillermo Lasso y se elaboró en tiempo récord para la contratación pública (42 días)”.
Radares: CTE suspende 39 dispositivos y no multarán
Son 39 radares los que dejarán de multar en vías estatales del país por decisión de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). Esto tras el anuncio del Gobierno de una investigación en la firma del contrato por estos aparatos en el Gobierno anterior.
Los radares de las compañías SEVIECU y ECUTRANSIT, están en vías que no son detalladas por la entidad.
La CTE informó a través de un comunicado que desde este martes 4 de junio del 2024, los dispositivos no registrarán las sanciones.
“Esta decisión se toma en virtud de la disposición presidencial efectuada a través del secretario General de Integridad Pública, José Julio Neira”, detalla. También se indica que se pedirá una auditoría a la Contraloría General del Estados.
Radares son una “metida de mano al bolsillo”, dice el Gobierno
Los radares cuestionados por el Gobierno están distribuidos en tres provincias del país, dos de la costa y una de la sierra. Existen 28 dispositivos en Los Ríos, ocho en Cañar y tres en El Oro, respectivamente.
José Julio Neira, secretario General de Integridad Pública, se refirió a la decisión en un video difundido en redes sociales. “Este Gobierno no va a permitir que continúen contrataciones irregulares para beneficiar el bolsillo de unos pocos”, señaló el funcionario.
“Estamos comprometidos en erradicar todo tipo de mafias enquistadas en las instituciones públicas”, aseveró el secretario.
Las autoridades se refieren al tema de radares con duros términos. José Julio Neira aseguró que en el proceso hay inconsistencias, vacíos legales y procedimientos irrespetados. “Apunta a convertirse en una de las más grandes estafas que perjudican el bolsillo de los ecuatorianos”, sentenció.
Dieron con el problema por un asambleísta
Una alerta del asambleísta por Azuay, Adrián Castro, generó que las autoridades ‘pusieran’ los ojos en la contratación de estos aparatos. En ella se advierten de irregularidades en la fase precontractual de los dispositivos tecnológicos.
Según el Gobierno, no se informó a la Secretaría de Alianzas Público Privadas sobre el proyecto para el visto bueno en su aplicación.
Los radares son aparatos asistidos por la tecnología que sirven para la aplicación de multas por exceso de velocidad. Otros también sancionan por cruzar semáforos en rojo.
(EL DIARIO)
Mas noticias
Candidatos a asambleístas: pasan de un partido a otro o dejan sus cargos a medias
Un voraz incendio forestal empezó en Guápulo y llegó al Parque Metropolitano; se dispuso que no se corte la luz en Quito
El Gobierno asegura que Copedesa causó un perjuicio de USD 94 millones al Estado ecuatoriano