Manta (Manabí), 30 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra ocho personas, entre ellas un adolescente, por su presunta participación en el delito de tráfico ilícito de armas de fuego.
El hecho que ahora investiga la Institución ocurrió en el barrio San José, de la parroquia Tarqui, en Manta. Gracias a información reservada, se conoció que un inmueble estaría siendo utilizado para almacenar armas de fuego.
Las primeras investigaciones permitieron identificar movimientos sospechosos en el lugar. Además, los agentes encargados del operativo señalaron que quienes ocupaban el inmueble serían integrantes del grupo delictivo “Los Choneros”, presuntamente vinculado con delitos como sicariato, robo y extorsión.
Durante el allanamiento ejecutado por la Policía Nacional, se encontraron varias armas de fuego y municiones, por lo que las personas que se encontraban en el inmueble fueron aprehendidas y puestas a órdenes de Fiscalía.
En la audiencia de formulación de cargos, la Institución presentó como elementos de convicción el parte informativo, las versiones de los agentes policiales que participaron en el procedimiento, el informe de inspección ocular técnica y levantamiento de evidencias.
Entre los indicios incautados constan tres fusiles, una pistola, seis alimentadoras de fusil, 136 municiones, un vehículo y cinco teléfonos celulares. Asimismo, un informe pericial preliminar determinó que las armas y municiones se encontraban aptas para producir disparos.
Con base en los elementos de convicción presentados, el Juez que atendió la diligencia dispuso prisión preventiva para Bárbara B., Elvis A., Bryan M., Jean P., Jesús R. y Ánthony R. Además, ordenó presentaciones periódicas y prohibición de salida del país para Jona A., quien se encuentra embarazada. Posteriormente, en una audiencia especializada, el adolescente fue procesado y se le dictó la medida de internamiento preventivo.
Información jurídica
El delito de tráfico ilícito de armas de fuego y municiones está tipificado en el artículo 362 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años. (FGE)
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