Caso Apagón: Corte Nacional mantiene la prisión preventiva de 12 procesados

Quito (Pichincha), 20 de agosto de 2026.- La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia aceptó —por unanimidad— el pedido formulado por el fiscal general del Estado (e), Leonardo Alarcón, y rechazó los recursos de apelación interpuestos por doce procesados dentro del caso Apagón.

Los procesados pretendían dejar sin efecto la prisión preventiva que pesa en su contra desde el 22 de mayo de 2026, cuando se formularon cargos.

Durante la audiencia de apelación, el Fiscal General del Estado sostuvo que la medida cautelar resulta necesaria para garantizar la comparecencia de los procesados y evitar riesgos que puedan afectar el normal desarrollo de la investigación.

Pidió al Tribunal de apelación considerar que varios de los recurrentes se encuentran prófugos.

Además, reiteró que los elementos de convicción presentados en la audiencia de formulación de cargos permiten sostener la existencia de un presunto delito de peculado, así como la participación de los procesados.

Los jueces nacionales resolvieron que el pedido de prisión preventiva cumple con los requisitos establecidos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Inicialmente, catorce procesados interpusieron el recurso de apelación a la medida cautelar, pero uno de ellos desistió. La Sala declaró procedente el desistimiento.

Respecto de otro de los procesados, los jueces aceptaron revocar la prisión preventiva debido a que Fiscalía, en observancia del principio de objetividad y por lealtad procesal, no se opuso a que pueda cumplir medidas cautelares sustitutivas.

En este sentido, Celso S. deberá presentarse todos los lunes ante la Fiscalía General del Estado. La Corte Nacional le prohibió salir del país y, además, dispuso el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica.

Contexto del caso

La Fiscalía General del Estado investiga el presunto cometimiento del delito de peculado en torno a la suscripción y ejecución de contratos emergentes para la adquisición de generadores destinados a las centrales eléctricas Salitral y Quevedo, durante la crisis energética que atravesó Ecuador en 2024.

Según la teoría fiscal, durante los procesos de contratación se habrían omitido o evadido procedimientos para favorecer a la empresa PROGEN Industries LLC, pese a que sus ofertas no cumplirían con determinadas especificaciones técnicas, económicas y jurídicas.

Los contratos ascendieron a 99,4 millones de dólares para Salitral y 49,7 para Quevedo.

Fiscalía sostiene, además, que se habría efectuado un anticipo equivalente al 70 % del valor contractual, por 104,37 millones de dólares, mientras que los generadores entregados no habrían cumplido con las condiciones establecidas. Tampoco habrían entrado en funcionamiento.

Información jurídica

El delito de peculado está tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). (FGE)