La Justicia dictó prisión preventiva contra 10 ciudadanos nueve ecuatorianos y uno de nacionalidad china procesados por el presunto delito de asociación ilícita, tras la intervención ejecutada por la Policía Nacional en un inmueble al norte de Quito. Durante el procedimiento se localizaron más de 200 dispositivos electrónicos y comunicaciones que de manera preliminar, estarían relacionadas con amenazas, extorsiones e intimidaciones dirigidas a ciudadanos de varios países, entre ellos México, Colombia, Perú y Chile.
La intervención se dio el 21 de agosto de 2026, luego de que servidores policiales del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), recibieran una alerta ciudadana anónima. En el lugar se localizaron más de 200 dispositivos electrónicos, entre computadores, teléfonos celulares y otros equipos tecnológicos; además de dos armas traumáticas, mensajes presuntamente relacionados con amenazas e intimidaciones e imágenes de contenido violento, elementos que forman parte de las diligencias investigativas. Personal de la UNASE, Policía Judicial y Criminalística realizó la fijación, levantamiento y procesamiento técnico de los indicios.
De acuerdo con información preliminar, el inmueble operaba bajo la apariencia de una empresa de cobranza, con diferentes niveles de organización para la administración, contratación de personal, distribución de información y ejecución de llamadas. Los operadores habrían contactado a personas registradas como deudoras y, ante la falta de pago, presuntamente recurrían a amenazas e intimidaciones mediante Facebook, Telegram y WhatsApp.
Como resultado del operativo los aprehendidos fueron procesados por el presunto delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El 22 de agosto de 2026, durante la audiencia de calificación de flagrancia, la autoridad judicial calificó la legalidad de las detenciones, disponiendo las correspondientes boletas constitucionales de encarcelamiento. La causa continuará mediante procedimiento directo y la audiencia de juzgamiento fue señalada para el 14 de septiembre de 2026.
La Policía Nacional reconoce la respuesta de los organismos de justicia, cuya actuación fortalece los esfuerzos institucionales para proteger a la ciudadanía y enfrentar con firmeza las estructuras que amenazan su seguridad. La intervención contó además con el apoyo de Agentes Metropolitanos de Control, como parte de la articulación interinstitucional desplegada durante la intervención.
Este resultado destaca además el valor de la participación ciudadana en la lucha contra el delito. La Policía Nacional agradece a quienes aportan información de manera segura, confidencial y anónima, especialmente mediante el Código QR disponible en la cédula de ciudadanía, convirtiendo cada dato oportuno en un insumo para orientar la investigación, la inteligencia y la acción policial.
El trabajo articulado entre ciudadanía, Policía Nacional y organismos de justicia fortalece la seguridad y reafirma el compromiso del Estado de preservar la paz y tranquilidad de los ecuatorianos.
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